Martínez se identificaba como «exagente federal» y «analista de inteligencia» de los Estados Unidos

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) desmintió de forma categórica que Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, conocido como Ángel Martínez, haya trabajado alguna vez para esa institución o para cualquier otra agencia del Departamento de Justicia estadounidense, como el FBI o la ATF.

El desmentido, confirmado por el vocero regional de la DEA, Tony Velásquez, desacredita uno de los pilares del personaje mediático que Martínez ha construido durante años: su supuesta condición de «exagente federal» y «analista de inteligencia».

Estas credenciales, ahora reveladas como falsas, sirvieron de plataforma para lanzar acusaciones públicas, muchas de las cuales lo han llevado a enfrentar serios procesos judiciales en República Dominicana.

Martínez fue arrestado el pasado 26 de mayo al arribar al país a bordo de un crucero. Sobre él pesaban varias órdenes de arresto por querellas acumuladas que lo vinculan a presuntos delitos de difamación, injuria, extorsión y estafa.

Entre las principales acciones judiciales que enfrenta se encuentran:

Sandra Eugenia de la Rosa, quien lo acusa de estafa y extorsión por más de 300 mil dólares, luego de que Martínez le ofreciera resolver un caso judicial mediante supuestos contactos en la CIA y el FBI. Asegura haberle entregado más de 80 depósitos entre 2013 y 2023.

Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, presidente de la Asociación Ecuestre Nacional, lo denunció por chantaje, difamación e injuria, tras la publicación de un video en el que Martínez cuestionaba su honor y reputación.

Faride Raful, ministra de Interior y Policía, presentó una demanda junto a la comunicadora Ingrid Jorge por difamación e injuria. La acción legal incluye una solicitud de indemnización por 100 millones de pesos.

Vargavila Riverón, periodista, lo demandó por acusaciones infundadas de vínculos con redes criminales y enriquecimiento ilícito, reclamando una compensación de 10 millones de pesos.

Sergio Moya (Gory), diputado del PRM, interpuso una querella por difamación en 2021. Martínez fue declarado en rebeldía por no presentarse al tribunal.

Guido Gómez Mazara, actual presidente de Indotel, también lo acusó de difamación. Aunque hubo un acuerdo inicial, el caso fue reactivado tras nuevos ataques públicos de Martínez.

Milagros De Camps Germán, exviceministra de Medio Ambiente, lo denunció por propagar rumores falsos, que incluyeron imágenes manipuladas, sobre su vida privada.

A raíz de estos casos, las autoridades judiciales le impusieron medidas de coerción que incluyen impedimento de salida del país y presentación periódica ante los tribunales.