El caso Jet Set, que involucra a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, ha tomado un giro más complejo con la reciente vinculación de la jueza Fátima Veloz al Grupo Puntacana, empresa que mantiene relaciones comerciales con los imputados en varias empresas.

Velóz es hija de Manuel Ernesto Veloz Valdez, quien ha sido presidente de la Asociación de Hoteles del Este (anteriormente Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos de la Zona Este); Clúster Turístico de la Provincia La Altagracia; miembro de la Junta de directores de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES); del Fondo Hotelero, y ejecutivo del Grupo Puntacana, entre otras ocupaciones.

Datos de la Cámara de Cuentas señalan que Manuel Ernesto Veloz Valdez es padre de Fátima Veloz, jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuyo fallo en la coerción del caso Jet Set ha generado reacciones negativas, principalmente del Ministerio Público.

En una entrevista, Manuel Ernesto Veloz Valdez relató que desarrolló el Costa Bávaro Resorts, el cual gerenció, para luego pasar al Grupo Punta Cana de la mano de Frank Rainieri.

“.¿Cómo se dio ese primer acercamiento con la familia Rainieri? Conocí a don Frank Rainieri cuando llegué a la zona. Él siempre me daba vueltas en el proyecto inmobiliario para ver cómo iba avanzando; me daba sugerencias, lo mismo que ha hecho con todo el mundo aquí en la zona. Siempre que conversábamos”, dijo Veloz en la entrevista.

En sus motivaciones para otorgar libertad a los hermanos Espaillat, la jueza Fátima Veloz indicó que estos tienen un arraigo suficiente al tener un domicilio conocido, actividad empresarial estable, vínculos familiares y sociales en el país, al tiempo de no demostrarse que estos tengan facilidades para abandonar el territorio dominicano ni tienen antecedentes de evasión.

La jueza impuso sobre los imputados el pago de 50 millones de pesos como medida de coerción en contra de los hermanos por el desplome del techo de la discoteca donde fallecieron 236 personas y más de 180 resultaron heridas.

Uno de los abogados consultados por N Digital dijo que desde el inicio había un accionar irregular en el tribunal, ya que el mismo nunca verificó si las víctimas y/o los querellantes se habían convocado de forma regular.

“Ninguno de los nuestros fueron nunca avisados del proceso, al igual que ninguno de los que tuve la oportunidad de conversar que fueron muchos”, indica el abogado consultado.