Ningún SIM podrá venderse sin cédula y fotografía del dueño

En 18 meses se han reportado 54,378 teléfonos robados

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) otorgó un plazo de 30 días a las empresas telefónicas para depurar y validar las líneas prepago que no estén asociadas a la identidad de sus usuarios, como parte de un esfuerzo que busca frenar el creciente uso de números móviles en delitos y responder a los elevados casos de robos de celulares reportados en el país.

La medida, contenida en la Resolución número 064-2025, señala que a partir de ahora ningún centro de venta podrá ofrecer SIM cards prepago sin exigir un documento de identidad (cédula, pasaporte o carné de residencia) y una fotografía del comprador.

«Cualquier persona para adquirir una SIM card necesitará una fotografía, porque, en lo práctico, en el interés de vender, a veces se descuida y te dan un número de cédula falso que no se corresponde con la cédula real», explicó el presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara.

Las prestadoras estarán obligadas a notificar a sus clientes, mediante mensajes de texto u otros medios, sobre el procedimiento y plazo para validar sus líneas. Quienes no completen el proceso, se les suspenderán sus líneas hasta por dos meses y, posteriormente, les serán canceladas. Además, enfrentarán sanciones.

La Asociación Dominicana de Empresas de Telecomunicaciones (Adomtel) fue consultada sobre la resolución, pero al momento del cierre de esta edición no había emitido una postura al respecto.

En los últimos 18 meses se han reportado 54,378 teléfonos robados o extraviados equivalente a un promedio de 3,021 por mes y más de 100 por día, según detalló Gómez Mazara.

Una industria del robo

A esto se suma el ingreso estimado de 4,000 celulares robados del extranjero cada mes, dentro de un mercado donde se activan alrededor de 400 mil líneas prepago mensuales, de las cuales el 85 % se vende de forma informal en las calles, lo que dificulta su control y rastreo.

«El prepago no es el problema. El problema es que se ha convertido en un mecanismo para operar fuera de la ley, y eso termina afectando los esfuerzos de instituciones como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público en la persecución de actividades criminales».

También denunció que existen plazas comerciales donde se desarman y revenden teléfonos sustraídos, alimentando lo que calificó como una «industria delictiva» que debe ser desmantelada.

«El único delito que ha crecido en los últimos tres meses es el robo de celulares´´, manifestó.