El fallo será dado a conocer a las 3:00 de la tarde en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, donde se conoce el caso denominado Operación Calamar

La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo viernes 29 de mayo si envía o no a juicio de fondo a los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, acusados de presunta corrupción en perjuicio del Estado.

La magistrada dispondrá de un mes para ponderar las pruebas presentadas por el Ministerio Público contra los exfuncionarios y demás imputados.

Según el órgano acusador, los procesados habrían ejecutado pagos irregulares vinculados a expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, lo que habría afectado fondos del Estado.

Durante la jornada de este viernes, el tribunal concluyó la presentación de la defensa material de los imputados.

En su intervención, Peralta afirmó que durante todo el proceso ha mantenido una postura de respeto al debido proceso. Defendió su inocencia y denunció supuestas debilidades del sistema judicial en la protección de la imagen pública de los ciudadanos.

Calificó como una «triste realidad» que, tras ocupar titulares en los medios y sufrir un daño moral, los ciudadanos queden en un estado de indefensión legal.

«Eso tiene que cambiar, porque cuando logremos eso, cambiará fundamentalmente el curso de la aplicación de justicia en nuestro país», expresó.

Asimismo, hizo un llamado al tribunal a que su decisión se base estrictamente en las pruebas presentadas y no en la presión de la opinión pública, la cual calificó como un «linchamiento mediático» alejado de la justicia.

En el caso también figuran el exsenador Rafael Calderón; el abogado Ángel Lockward, y Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Asimismo, están implicados Roberto Santiago Moquete Ortiz; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario del Ministerio de Hacienda; Julián Omar Fernández Figueroa, exencargado de Juegos de Azar, y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional.

También están señalados Alejandro Constanzo Sosa; Marcial Reyes; los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola; Óscar Chalas Guerrero; Agustín Mejía, y Víctor Matías Encarnación.

El Ministerio Público acusa a los imputados de integrar una presunta red de corrupción administrativa que habría ocasionado pérdidas al Estado superiores a 19,000 millones de pesos, mediante pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.