Participación Ciudadana aboga para que, además de la devolución del dinero, se abra un proceso penal para evitar la idea de que «robar mucho es un buen negocio»

El acuerdo entre el Ministerio Público y el cuñado del expresidente Danilo Medina, para devolver al Estado 3,000 millones de pesos provenientes de actos de corrupción, representa una evidencia de que Maxy Montilla abusó de la confianza del exmandatario y aprovechó su cercanía con el poder para cometer actos ilícitos, según expresaron ayer dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Los diputados Charlie Mariotti Jr. y Gustavo Sánchez señalaron que las acciones ilegales de Montilla no salpican «en ninguna forma» al partido porque sus acciones representan estrategias individuales en las que la organización no estuvo involucrada.

Gustavo Sánchez, quien es miembro del Comité Político y vocero del PLD en la Cámara Baja, indicó que el acuerdo entre Montilla y el Ministerio Público confirma que las responsabilidades en casos de corrupción son personales y no comprometen ni al PLD ni al expresidente Danilo Medina.

«Danilo es un hombre respetuoso de la ley y en ninguna medida compromete las acciones de individuos que abusaron de la confianza de Danilo. Abusaron, son unos abusadores», afirmó.

Sánchez defendió que el PLD no tiene responsabilidad institucional en estos hechos y que, al igual que ocurre en todos los gobiernos, surgen personas que trafican con influencia.

Recordó que durante la gestión del presidente Luis Abinader y en administraciones anteriores también han existido casos de corrupción con condenas, pero que ello no implica que los mandatarios en turno sean responsables.

En ese orden, rechazó que los dirigentes del PLD con militancia activa estén condenados, resaltando que los sancionados fueron allegados al partido que utilizaron vínculos familiares y políticos para sacar ventaja.

Al referirse al acuerdo de Montilla, el dirigente consideró que la devolución del dinero no es suficiente y que debe haber consecuencias penales.

De su lado, Charlie Mariotti Jr. sostuvo que tanto Maxy Montilla como Alexis Medina, ya condenado en el mismo caso, deben pedirle perdón al país, al PLD y al propio expresidente Medina por haber manchado la gestión con actos de corrupción. Aseguró que la responsabilidad es personal y no recae sobre el partido ni sobre exfuncionarios de la administración pasada.

«No creo solamente en la sanción pecuniaria; él (Maxy Montilla) admitió que hizo lo mal hecho y eso debe estar acompañado de prisión porque eso lacera a la institucionalidad y a la República Dominicana», expresó.

Mariotti Jr. puntualizó que los peledeístas no se sienten parte de las acciones cometidas por Montilla, al tiempo que cuestionó que el acuerdo se limite al ámbito económico, sin contemplar privación de libertad.

Desde la sociedad civil, la coordinadora de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, criticó que durante su mandato Danilo Medina respondiera con un «¿cuál corrupción?» cuando se le cuestionaba sobre el tema, señalando que los acuerdos actuales representan una especie de respuesta a ese desconocimiento.

Pruebas de corrupción

Indicó que la corrupción es difícil de perseguir por el entramado político y económico que la sostiene, pero que la ciudadanía, como principal víctima, debe tener claridad de los delitos cometidos.

Blanco advirtió que este tipo de pactos puede ser visto como una renuncia a la acción penal, por lo que deben ser públicos para que la ciudadanía conozca bajo qué condiciones se firman.

«Estamos hablando de que son tres mil millones de pesos, no estamos hablando de cheles, como se dice popularmente. Es una suma altísima, pero seguro es muchísimo más de lo que se está devolviendo», afirmó.

Blanco insistió en que no basta con una sanción económica y que los procesos deben generar también una sanción moral en la ciudadanía.