En su discurso de toma de posesión, Reynoso dejó claro que la lucha contra la corrupción sería uno de los pilares de su gestión

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, se enfrenta a su primer gran caso de presunta corrupción administrativa desde que asumió el cargo en febrero de este año. Se trata de una presunta red delictiva integrada por coroneles activos, generales retirados y empresarios, vinculados a un esquema de sobornos para la adjudicación de contratos de seguridad privada en instituciones del Estado. La actividad, bautizada como Operación Lobo, ha resultado en el arresto de 15 personas.

Esta es la primera prueba de envergadura que enfrenta Reynoso y su equipo de trabajo, conformado por Wilson Camacho, nuevo director general de Persecución, y Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Ambos funcionarios también formaron parte del equipo que acompañó la gestión anterior encabezada por Miriam Germán Brito, bajo la cual se ejecutaron importantes operativos de presunta anticorrupción.

En su discurso de toma de posesión, Reynoso dejó claro que la lucha contra la corrupción sería uno de los pilares de su gestión:

Mi objetivo esencial es servir a la sociedad dominicana, contribuyendo a la construcción de un sistema de justicia más fuerte y un país que sea modelo en materia de seguridad humana. Quiero que quede muy claro: la corrupción jamás podrá penetrar a nuestro despacho. No la toleraremos y la perseguiremos dentro y fuera de la institución».

Algunos han confesado

Según la acusación preliminar del Ministerio Público, algunos de los imputados han confesado haber pagado sobornos para obtener contratos de servicios de seguridad privada en instituciones estatales. Por la gravedad de los hechos, el órgano acusador ha solicitado prisión preventiva como medida de coerción.

Entre los arrestados figura el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, junto a los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez. También fueron detenidos Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, coronel de la Fuerza Aérea; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz, y el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

La acusación

Los contratos cuestionados se adjudicaron en entidades como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las tres distribuidoras de electricidad del país: Edenorte, Edeeste y Edesur.

La investigación fue iniciada a partir de una denuncia formal remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.