La jueza Altagracia Ramírez continuará la próxima semana con la fase de réplicas y contrarréplicas presentadas por las defensas, en respuesta a los argumentos del Ministerio Público

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó este viernes la audiencia preliminar seguida contra los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, acusados de presunta corrupción contra el Estado.

La audiencia fue reprogramada para el próximo miércoles 25 a las 9:00 de la mañana.

La jueza Altagracia Ramírez continuará la próxima semana con la fase de réplicas y contrarréplicas presentadas por las defensas, en respuesta a los argumentos del Ministerio Público.

Durante la jornada del viernes, el tribunal escuchó los planteamientos de la defensa técnica de Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda Donald Guerrero, también vinculado al proceso.

Asimismo, fueron conocidos los argumentos de la defensa de Ángel Lockward.

A la salida del tribunal, el abogado Norberto Rondón, representante de Lockward, afirmó que el Ministerio Público sufrió «una derrota contundente» durante la audiencia.

Según explicó, en el caso de su defendido se evidenció que los querellantes no han recibido pagos, por lo que —a su juicio— no se configura una estafa al Estado.

Agregó que, conforme a las pruebas presentadas por el propio órgano acusador, las empresas vinculadas a Ángel López no poseen cuentas bancarias, ni bienes, ni registros de transferencias estatales.

Rondón también sostuvo que dichas empresas cumplieron con sus obligaciones fiscales, señalando que López incluso habría pagado tres millones de pesos adicionales en impuestos.

«El Ministerio Público no ha podido demostrar cómo esas empresas sirvieron para lavar dinero», indicó el jurista, quien calificó el proceso como una «persecución política».

Respuesta del Ministerio Público

De su lado, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, aseguró que el proceso se encuentra en su fase final.

Indicó que, si el calendario se mantiene, el próximo miércoles concluirán las intervenciones de las partes, tras lo cual la jueza se retiraría a deliberar.

Ortiz afirmó que las defensas han evitado enfrentar los elementos centrales del expediente y, en algunos casos, han incurrido en contradicciones.

«No han podido con la contundencia de las pruebas del Ministerio Público, lo que dará lugar a un auto de apertura a juicio», expresó.

El órgano acusador estuvo representado, además, por el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Melbin Romero, Rosa Ysabel, Jhensy Víctor y Rosa Alba García.

Imputación del Ministerio Público

El Ministerio Público acusa a los imputados de integrar una presunta red de corrupción administrativa que habría ocasionado pérdidas al Estado por más de 19 mil millones de pesos, mediante pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.