El proyecto originalmente buscaba una sustitución legal de los vicealcaldes, pero fue cambiada

En su sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de sucesión de las autoridades municipales que, tras una modificación, aumenta el presupuesto de los gobiernos locales destinado al pago de nóminas y remuneraciones.

Originalmente el proyecto nació para suplir un vacío legal en la sucesión de los vicealcaldes tras el enredo que causó la renuncia del alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, para asumir el Ministerio de Deportes, y la seguida dimisión de la vicealcaldesa, Amparo Custodio, lo que causó un vacío temporal en el ayuntamiento.

Sin embargo, por contradicciones entre los propios congresistas, los artículos que establecían la sustitución de las autoridades locales fueron eliminados y solo quedó el artículo que aumenta los fondos de nómina para las alcaldías.

En específico, el proyecto ahora solo establece un cambio en el artículo 21 de la Ley 176-07, sobre el Distrito Nacional y los Municipios, para que los fondos de las alcaldías destinados a nómina se aumenten de un 25 % a un 30 %.

El cambio dispone que el 30 % de los fondos que manejen las alcaldías será destinado para el pago de nóminas y gastos de personal que ejerce funciones administrativas, incluidos los funcionarios escogidos por votos como alcaldes, vicealcaldes, regidores y directores de distritos municipales.

El otro 65 % del presupuesto, según el proyecto de ley, será usado para atender los gastos de construcción, ampliación o remodelación de cualquier infraestructura, así como equipamientos comunitarios.

El restante 5 % sería usado para programas de educación, salud y género en las comunidades.

Otro cambio establecido en la ley fue propuesto por el diputado Juan Medina, quien sugirió la eliminación del párrafo uno del artículo 21 de la Ley de Distrito Nacional y los municipios.

Un párrafo del artículo cambiado establece que la Cámara de Cuentas realizará auditorías anuales para confirmar que se cumpla la distribución que ordena la ley.

En caso de que se viole la división de fondos establecida en la normativa, los infractores podrían enfrentarse hasta cinco años de prisión y una indemnización de cinco a 20 salarios mínimos.