Sentencia reafirma potestad estatal y desestima violaciones al debido proceso

En una sentencia de 325 páginas que podría marcar un precedente definitivo en materia de infraestructura estratégica y regulación administrativa, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó los recursos interpuestos por el consorcio Aeropuerto Internacional de Bávaro, S.A.S. (AIB), contra dos decisiones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que previamente habían desestimado sus intentos de revocar actos administrativos del Estado dominicano.

Con la sentencia TC/0496/25, la alta corte pone punto final, en sede constitucional, a la controversia jurídica más sonada del último quinquenio en el sector aeronáutico nacional y liquida las pretensiones del AIB.

La decisión, adoptada por mayoría calificada del pleno del TC, desestima los alegatos de AIB sobre supuestas vulneraciones al debido proceso, al principio de imparcialidad judicial y al derecho de defensa, entre otras quejas de orden constitucional, y valida las decisiones de la SCJ que ratificaban la legalidad de la Resolución 024/20 del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), que declaró lesiva al interés público una comunicación previa del propio IDAC que autorizaba el inicio del proyecto aeroportuario en Bávaro.

De hecho, las acciones para impedir la materialización del IAB y que ahora concluyen exitosamente fueron todas incoadas por el Estado por vía del IDAC. El decreto que lo amparaba fue derogado por el presidente Abinader en atención a una sentencia de la Suprema Corte que lo consideró ilegal.

El meollo: un aeropuerto sin licitación y con el Poder Ejecutivo como avalista

Uno de los aspectos más contundentes de la sentencia es el análisis de fondo que realiza el TC -aunque solo para fines de ilustrar el contexto- sobre el proceso de autorización del proyecto. En sus fundamentos, el tribunal señala que la autorización otorgada a AIB se realizó al margen de las reglas de competencia y del debido proceso administrativo.

Solicitud ante una entidad incompetente: AIB presentó su solicitud de autorización ante la Comisión Aeroportuaria, órgano sin competencia legal para aprobar aeropuertos, en lugar de hacerlo ante el IDAC.

Ausencia de licitación: Según el Tribunal, la autorización para construir y operar un aeropuerto de uso público requería un proceso competitivo, conforme a la Ley 47-20 sobre Alianzas Público-Privadas y la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, en aplicación supletoria.

Intervención impropia del Poder Ejecutivo: El Decreto 270-20, que respaldaba el contrato entre el Estado y AIB, no respetó el procedimiento legalmente establecido, pues designó de forma directa a la empresa beneficiaria

El reclamo constitucional: imparcialidad y audiencia pública

El consorcio AIB acudió al Tribunal Constitucional tras agotar sin éxito la vía ordinaria. Sus recursos se centraron en cuestionar la imparcialidad de los jueces que conocieron el fondo del caso en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), la falta de audiencia pública y la no notificación de documentos presentados por un tercero interviniente (la Fundación Alianza Ciudadana).