La comunicadora y dirigente política Karen Serrata denuncia públicamente las acciones abusivas y arbitrarias cometidas en su contra por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Procuraduría Especializada de Investigación de Delitos Tributarios, quienes desde el año 2022 mantienen abierta una supuesta investigación sin fundamentos probatorios ni debido proceso.

A más de tres años del inicio de dicho expediente, la Procuraduría no ha presentado una sola evidencia concreta que demuestre irregularidad alguna, limitándose únicamente a proponer un “acuerdo” en el que pretenden que una ciudadana trabajadora, seria y responsable como la denunciante asuma una culpa inexistente y pague una multa por algo que no ha cometido.

En reiteradas ocasiones, Karen Serrata ha solicitado que, si realmente existe un caso, sea remitido al tribunal competente para que la justicia conozca el fondo y se determine la verdad. Sin embargo, las autoridades han preferido mantenerla bajo una sanción encubierta, bloqueando su RNC e impidiendo que pueda obtener con normalidad una certificación de impuestos al día, situación que la obliga a esperar hasta 15 días por un documento que debería emitirse de inmediato, como ocurre con cualquier ciudadano sin deudas con la DGII.

Pero el abuso institucional no se detiene ahí. En el marco de esta misma supuesta investigación, la DGII impuso una oposición sobre su vehículo personal, un bien que no guarda ninguna relación con el proceso y que, mediante sentencia firme del Tribunal Superior Administrativo (TSA), fue ordenado levantar de inmediato.

Pese a esa orden judicial, el director de la DGII emitió un documento oficial asegurando falsamente que había dado cumplimiento a la sentencia. Sin embargo, certificaciones posteriores de la misma DGII demuestran que la oposición aún persiste, lo que constituye un grave desacato judicial y un acto de burla hacia el sistema de justicia dominicano.

La Procuraduría Especializada de Delitos Tributarios, en lugar de actuar conforme a derecho, insiste en su chantaje disfrazado de “acuerdo”, intentando cerrar el expediente sin presentarlo ante los tribunales y condicionando el cierre a que la denunciante se declare culpable de algo inexistente.

“Y responsablemente lo digo: me siento perseguida, chantajeada y abusada. Esta situación para mí es insostenible. Están jugando con mi salud mental y con la estabilidad de mi familia, y no hay razón jurídica ni moral que justifique semejante atropello”, expresó Karen Serrata, visiblemente afectada por el desgaste emocional que esta persecución ha provocado.

La comunicadora afirma, además, que posee todos los documentos legales y certificaciones oficiales que sustentan y prueban este abuso sistemático: copias de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, certificaciones contradictorias de la DGII y comunicaciones institucionales que demuestran su incumplimiento y desacato.

Karen Serrata hace un llamado a las autoridades competentes, al Poder Judicial y a la opinión pública a poner atención a este caso, que constituye un precedente peligroso de abuso administrativo y violación de derechos fundamentales.

“No aceptaré acuerdos fraudulentos ni admitiré una culpa que no tengo. La DGII y la Procuraduría deben respetar la ley, acatar la sentencia del Tribunal Superior Administrativo y poner fin a esta injusticia que vulnera mis derechos como ciudadana y como ser humano.”